Espejismos y utopías

Australia, obsesionada con un mayor reconocimiento como potencia de Occidente, participa activamente en la estrategia liderada por Washington que procura el consenso de la opinión pública mundial para emprender acciones drásticas contra Gobiernos “incómodos”. Siria es ahora el blanco

No hay que ser muy perspicaz para saber cuál será la posición del actual Gobierno australiano en un tema de política internacional, o cómo procederá en relación con algún país en determinada coyuntura. La mayoría de las veces basta conocer qué hará Estados Unidos ante esa situación.

Sin embargo, no es esta la actuación que cabría esperar de las Administraciones australianas que asumieron el poder tras los más de 11 años de gobierno de la coalición de los partidos Liberal y Nacional, liderada por el ultraconservador John Howard, signados por la casi absoluta dependencia de la política exterior australiana de la estadounidense.

Tal incondicionalidad trajo como consecuencia que el creciente repudio a la “guerra contra el terrorismo” del Gobierno de Bush hijo, y a los métodos unilaterales, prepotentes y agresivos empleados por este para llevarla adelante, derivaran en un sentimiento de rechazo a Australia, particularmente en su entorno más inmediato y en el Sudeste Asiático, que en nada favoreció su aspiración de alcanzar un mayor protagonismo regional.(1)

De hecho, la Administración laborista que se estrenó en diciembre de 2007, encabezada por el hoy Ministro de Asuntos Exteriores, Kevin Rudd, procuró desmarcarse de esa imagen de subordinación a Estados Unidos que caracterizó la proyección internacional de su antecesora.

Decisiones adoptadas por esta, como la retirada de las tropas australianas de Iraq, concluida el 28 de julio de 2009, y declaraciones de Rudd como líder del Partido Laborista, antes de asumir el poder, acerca de que para Australia una alianza, incluso la que mantenía con Washington, no había significado ni significaría automáticamente sumisión,(2) hacían presumir el advenimiento de una etapa de mayor “independencia” del imperio del Pacífico Sur respecto a su principal aliado, en lo que a decisiones en materia de relaciones internacionales se refiere.

Pero, obviamente la importancia que concede Australia a su alianza con Estados Unidos como garantía de sus aspiraciones de mayor protagonismo en Asia-Pacífico, en un contexto de emergencia de China como potencia regional, refuerza la tendencia a un mayor alineamiento de su política exterior con la estadounidense.

Y no es que pensemos que ello represente per se una actitud servil de Canberra. Creo sinceramente que en la actualidad su política exterior está guiada más por el pragmatismo que por verdaderos sentimientos de lealtad, en tanto persigue desarrollar sus intereses y garantizar sus objetivos estratégicos, aunque para hacerlo deba actuar eventualmente en forma algo diferente a la deseada por Washington, como sucede en relación con China.(3)

Si prioriza su relación con Estados Unidos es fundamentalmente, aunque claro está, no únicamente, porque considera que es esta la mejor forma de potenciar indirectamente sus intereses y favorecer la consecución de sus objetivos.

Así se explica que la mayoría de las veces Australia se identifique con las posiciones en política exterior de su aliado más importante y apoye activamente las campañas organizadas por este contra determinados Estados, e incluso haya integrado las coaliciones lideradas por Washington para invadir algunos de ellos, aunque sea evidente que tal actuación no le reporta beneficios tangibles, ni están implicados, al menos de forma directa, sus intereses, al punto de que uno llega a cuestionarse qué hace el Estado del Pacífico Sur involucrado en tales escenarios.

De esta forma ha sucedido, por ejemplo, en los casos de Iraq, Afganistán, Corea del Norte, Irán y Libia, lo que ha sido analizado con amplitud en artículos anteriores,(4) y ahora en el de Siria.

No obstante, el Gobierno australiano ha procurado que sus verdaderas motivaciones no resulten demasiado evidentes, y recurre, por lo general, a los mismos “argumentos” empleados por Estados Unidos y el resto de las potencias occidentales para ocultar las suyas, que sirven perfectamente a esos propósitos.

A fin de justificar su participación en la reciente conjura de Occidente contra Damasco, vuelve a esgrimir como ya hizo en el caso de Libia, lo perentorio que resulta proteger a la población civil de un país, de los actos de injustificable crueldad de su propio Gobierno.

Para demostrar tal necesidad, los más importantes medios de comunicación australianos, entre ellos los diarios The Australian, The Herald Sun y The Sidney Morning Herald; el grupo audiovisual público Australian Broadcasting Corporation (ABC), y la agencia nacional de noticias Australian Associated Press (AAP) se han puesto en sintonía con los de Washington y el resto de sus aliados y socios, para difundir las mismas versiones de los acontecimientos, que pretenden proyectar una imagen satánica e inclemente del Gobierno de Bashar al Assad, a la vez que descalifican las afirmaciones de este en cuanto a que los disturbios están siendo alentados desde el exterior, así como sus declaraciones sobre lo que realmente sucede.

Veamos algunos botones de muestra:

The Australian publicó el 8 de abril de 2011 un artículo del periodista británico Tom Gross, comentarista internacional especializado en el Oriente Medio, en el cual afirma que actualmente Siria es la más despiadada y brutal dictadura del mundo árabe, y se hace eco de noticias que atribuye a Al Jazeera y otros medios que no precisa, según las cuales cientos de manifestantes contra el Gobierno sirio habrían sido baleados a sangre fría durante el mes de marzo, incluyendo algunos que buscaron refugio en mezquitas.(5)

Cita asimismo un reporte del Departamento de Estado estadounidense sobre la situación en Siria, en el que se habla de la existencia de más de 17 000 personas desaparecidas y del uso de los más inhumanos métodos de tortura en sus prisiones.(6)

Greg Sheridan, redactor internacional de The Australian, señaló en un artículo publicado en el diario el 14 de mayo, que observadores independientes de los derechos humanos creían que desde el 18 de marzo del 2011 más de 800 civiles sirios habían sido asesinados por el ejército de ese país.(7)

El 27 de mayo, The Australian divulgó un artículo del analista político estadounidense Daniel Pipes, en el cual se le imputa a Bashar al Assad el envío de terroristas a Iraq, el asesinato del ex primer ministro del Líbano Rafiq al Hariri, el derrocamiento de Saad, el hijo de este, y el desarrollo de armas químicas y nucleares. Además, señala como características de su Gobierno la corrupción, la opresión, la tortura y la masacre, y finalmente coincide con el analista Lee Smith cuando afirma que no puede haber algo peor que el régimen de Assad.(8)

El 5 de junio, el servicio on line de noticias de ABC (ABC News)  reprodujo un despacho de Reuters en el que se afirmaba que las fuerzas de seguridad sirias habían matado ese día al menos 70 manifestantes, con lo cual, según datos atribuidos a grupos de derechos humanos que no se mencionan, la cifra de los civiles asesinados en el país árabe desde el comienzo de los levantamientos contra el Gobierno de Bashar al Assad, sobrepasaba el millar.(9)

El 7 de junio, The Sidney Morning Herald, en una opinión editorial, para ilustrar lo que llamó la “brutalidad de la camarilla gobernante en Siria”, aseveró que según activistas que monitoreaban las violaciones de los derechos humanos en ese Estado, las fuerzas de seguridad del mismo habían asesinado a más de 1100 personas y encarcelado a más de 10 000.(10)

The Herald Sun incluyó el 14 de junio declaraciones, que alegó habían sido hechas al periódico británico The Times por uno de los numerosos soldados sirios que desertaron tras ordenárseles balear a civiles indefensos. De acuerdo con el medio, el soldado reveló que francotiradores de su Gobierno disparaban contra las tropas para forzarlas a abrir fuego sobre pacíficos manifestantes.(11)

El propio día, el diario australiano difundió un despacho de la AAP, que apuntaba que el ejército sirio llevaba a cabo una campaña de “tierra arrasada” en las montañas del norte del país, quemando cosechas y sacrificando el ganado en los pueblos próximos a la frontera con Turquía.(12)

En las páginas de The Australian, el 14 de junio apareció un despacho de AFP que fijaba en 1200 la cifra de personas que habían muerto desde mediados de marzo como consecuencia, adujo, de la violencia desatada por el Gobierno de Bashar al Assad contra los manifestantes.(13)

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores australiano, Kevin Rudd, ha demostrado nuevamente que es un hábil diplomático con una increíble capacidad de trabajo, y se ha echado prácticamente sobre sus espaldas, como en el caso de Libia, la responsabilidad de garantizar que su país se encuentre en la primera línea de la cruzada de Occidente contra Damasco, y no ha dejado pasar oportunidad alguna para demonizar al Gobierno de ese Estado árabe.

No faltan los que especulan que su intensa actividad diplomática durante los recientes acontecimientos en el Oriente Medio y el norte de África responde a una velada intención de relegar a un segundo plano a la primera ministra Julia Gillard.(14)

Pero, más allá de cualquier consideración al respecto, lo cierto es que la actual jefa del Gobierno australiano no parece muy preocupada por el protagonismo de Rudd en estos temas, y particularmente, en cuanto se refiere a Siria, no ha mostrado mucha disposición a disputárselo, desde que el 27 de abril de 2011, en Beijing, durante su visita a China, condenara la violencia  en el país árabe y manifestara la disposición de Canberra a adoptar cualquier acción en línea con las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU, para enviar, dijo, un mensaje acerca del carácter inaceptable de la misma.(15)

Mientras, el Canciller australiano ya el 24 de marzo de este año, en la declaración presentada al Parlamento sobre el desarrollo de los acontecimientos en el Oriente Medio, se hizo eco de reportes que aseguraban que al menos 10 personas, y posiblemente muchas más, habían sido asesinadas en días recientes por las fuerzas de seguridad sirias, en Daraa, ciudad ubicada en el suroeste del país, cerca de la frontera con Jordania.(16)

El 25 de marzo, en entrevista concedida a Alexandra Kirk, de PM Program, de ABC, alertó que Siria, gobernada durante décadas por un régimen autoritario, y bajo ley marcial desde 1963, constituía una seria preocupación para su Gobierno, que estaba muy escéptico sobre las explicaciones oficiales en relación con la muerte en Daraa de pacíficos manifestantes que pedían un cambio democrático.(17)

El 26 de marzo, en Christchurch, Nueva Zelanda, en conferencia de prensa conjunta con Murray McCully, ministro de Asuntos Exteriores de ese Estado, habló nuevamente de actos de violencia del Gobierno de Bashar al Assad contra los manifestantes en Daraa, y añadió que hechos similares ocurrían en otros lugares del país, sugiriendo que se estaba produciendo una generalización del uso de la fuerza contra el pueblo por parte de las autoridades sirias.(18)

El 28 de abril, en entrevista concedida a BBC Radio Four, de Londres, señaló que había visto reportes de violencia masiva de las autoridades de Siria contra sus ciudadanos, y mencionó específicamente la denuncia de una organización de derechos humanos sobre un soldado de las fuerzas armadas de ese Estado que había sido fusilado por negarse a abrir fuego contra su propio pueblo.(19)

En sus declaraciones a la prensa a raíz de la visita a Australia del Ministro de Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle, el 31 de mayo de 2011, Rudd refirió haber visto imágenes de las torturas a que había sido sometido un niño sirio, lo que ejemplificaba la brutalidad que estaba siendo desplegada por las autoridades del país árabe.(20)

Y en su entrevista con Maruis Benson, de ABC Newsradio, el 10 de junio de 2011, aludió, una vez más, a los actos represivos y de violencia emprendidos por las fuerzas de seguridad sirias contra civiles inocentes.(21)

Se va preparando de este modo a la opinión pública mundial para que acepte sin reservas, e incluso respalde, el aumento gradual de la presión contra las autoridades de Siria, que sigue como ya va siendo usual un guión preestablecido: condena individual de los Estados “preocupados” por el desarrollo de los acontecimientos en ese territorio, aplicación de sanciones por parte de los mismos, maniobra de algunos de ellos, en su carácter de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, para lograr la condena de este órgano al Gobierno sirio y la remisión del caso a la Corte Penal Internacional (CPI), como paso previo a una eventual agresión y posterior ocupación.

El antecedente más reciente ha sido el de Libia, donde la manipulación de la opinión pública mundial por parte de los grandes medios y los principales líderes de Occidente, en la cual Australia ha desempeñado un rol nada despreciable,(22) ha resultado ser extraordinariamente eficaz.

Tan es así, que aun cuando ya resulta obvio para la mayoría que los bombardeos de la OTAN contra el país norteafricano provocan muchas más bajas entre la población civil que “protegen” que la violencia que según alegan pretenden evitar, y que lo que procura Occidente no es defender al pueblo libio de la “represión” de Gadafi, como se hizo creer inicialmente a la opinión pública mundial, sino lograr a cualquier costo su salida del poder, incluso eliminándolo físicamente, una parte importante de la población de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España respalda este objetivo, de conformidad con un sondeo de la consultora Harris para el Financial Times.(23)

No se trata ni mucho menos de una estrategia nueva, sino apenas de una variante perfeccionada, usada a nivel global, de lo que Edward Louis Bernays, considerado por muchos uno de los padres de las relaciones públicas, denominó la “ingeniería del consenso”.

De acuerdo con el intelectual cubano Eliades Acosta Matos, el primer ensayo a gran escala de esta concepción fue la actividad del llamado Committee on Public Information, o Creel Comité, una agencia creada por el Gobierno estadounidense con el propósito de influir sobre la opinión pública y propiciar su apoyo a la política intervencionista del presidente Wilson, muy interesado en participar en la Primera Guerra Mundial en contra de la voluntad de las mayorías.

Jerbo A. Kolinowsky, en un ensayo sobre Bernays citado por Acosta Matos, señaló los elementos esenciales que conformaron el know how resultante de la labor del Creel Comité durante la Primera Guerra Mundial: necesidad de saturar el mercado de la información, uso de la agitación emocional para llegar a la elección racional y demonización del enemigo. (*)

Y ¿no han sido estos, acaso, los elementos que han caracterizado la campaña mediática para concitar el apoyo de la opinión pública mundial a la agresión contra Libia?

Aún entrampado en el país norteafricano, Occidente apela nuevamente a la “ingeniería del consenso”. En la nueva “puesta en escena” solo cambian el contexto y el “villano”, que ahora son Siria y su presidente Bashar al Assad. Los “héroes” son prácticamente los mismos de “aventuras” anteriores, con  Washington, como es lógico, en el papel de protagonista principal.

No es extraño entonces que cuando Estados Unidos hizo pública, el 22 de abril, una declaración condenando el uso de la fuerza por el Gobierno sirio contra sus ciudadanos; sus aliados y socios, Australia incluida, la replicaran casi de inmediato.

Así, el 23 de abril, el Gobierno australiano condenó, utilizando prácticamente los mismos términos contenidos en la declaración estadounidense, la pérdida de vidas de quienes calificó como pacíficos manifestantes, a manos de las fuerzas de seguridad en Siria.

De igual forma, anunció el 30 de abril la adopción de su paquete inicial de sanciones específicas contra las autoridades sirias,(24) apenas unas horas después de que el presidente estadounidense, Barack Obama, diera sus primeros pasos concretos en este sentido, al firmar, el 29 de abril de 2011, una orden ejecutiva imponiendo medidas comerciales y financieras contra la agencia de inteligencia siria y su jefe, así como contra dos familiares de Bashar al Assad: su hermano Maher al Assad y uno de sus primos.(25)

Es cierto que Rudd ya había declarado a la prensa el 28 de abril, después de participar en la reunión del Grupo de Acción Ministerial de la Commonwealth, en Londres, que creía que había llegado el tiempo de que la comunidad internacional considerara la adopción de sanciones contra el Gobierno de Bashar al Assad.(26) Pero, obviamente, tales declaraciones deben haber sido consensuadas previamente con Washington, como el resto de los pasos dados por la Administración australiana en relación con Siria.

Al respecto, Greg Sheridan ha utilizado una imagen sugerente. El redactor internacional de The Australian ha sostenido que desde la reciente visita a Washington del Canciller australiano, en los primeros días de mayo del 2011, en la que se abordó el tema de Siria,(27) han estado “funcionando los teléfonos”.(28) Y sin lugar a dudas esto debe haber ocurrido desde antes.

En cualquier caso, Canberra no adoptó sanciones contra Damasco en la actual coyuntura hasta que no lo hizo su  aliado más importante.

Ese régimen autónomo de sanciones (29) se perfeccionó el 13 de mayo, fecha en la cual el Ministro de Asuntos Exteriores australiano anunció que se habían fortalecido las medidas financieras específicas adoptadas en el mes de abril contra figuras claves del Gobierno sirio, y que se había  impuesto una prohibición de exportar armas y equipos que pudieran emplearse por este para la represión interna.(30)

Más recientemente, el Gobierno australiano aprobó un nuevo paquete de sanciones contra las autoridades sirias.(31)

Ahora bien, sin menoscabar el desempeño de Estados Unidos como estrella principal de la temporada siria de una serie cuyo final no se avizora, para reforzar la idea de que estamos ante una acción multilateral, hay margen también para el lucimiento de otros protagonistas, e incluso para “actuaciones especiales”, como aquellas a las que ya nos va acostumbrando Australia.

Si en el caso de Libia, el Gobierno australiano bien pudo haber optado por el premio al mejor actor de reparto, por la habilidad y constancia demostradas en el rol de defensor de la implementación de la zona de exclusión aérea sobre el territorio del Estado magrebí,(32) ahora desborda pasión en su interpretación de país preocupado por la falta de acceso de la prensa internacional a información fidedigna sobre lo que ocurre en Siria.

Para “resolver” esta situación, ha respaldado con vehemencia el nombramiento de un enviado especial de la ONU para el país árabe, que investigue y reporte el desarrollo de los acontecimientos allí.

Ya durante su entrevista con Tony Eastley, para AM, de ABC Radio, el 27 de abril de 2011, el Canciller australiano defendió la necesidad de hacerlo, y al día siguiente, en declaraciones a la prensa al término de su participación en la reunión del Grupo de Acción Ministerial de la Commonwealth, precisó que escribiría a Ban Ki-moon para solicitar que considerara tal decisión, teniendo en cuenta la necesidad de tener un reporte detallado en el terreno de lo que estaba pasando, que los medios no podrían ofrecer debido a las restricciones impuestas para ello por las autoridades sirias.(33)

El propio 28 de abril, en entrevista con BBC Radio Four, en Londres, Rudd reiteró que el nombramiento de un enviado especial de la ONU para Siria era el próximo paso que debía darse,(34) y con el mismo objetivo conversó el 12 de mayo con Ban Ki-moon.(35)

Greg Sheridan, de The Australian, opina que la Administración australiana cree que de esa manera se pondría a las autoridades sirias bajo una mayor presión de responder constructivamente a las acciones de la comunidad internacional, así como que influiría en el debate sobre el país árabe que se desarrolla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.(36)

Hasta el momento, en ese órgano no existe consenso en cuanto a la línea de acción a seguir en relación con Siria. Los intentos de Francia y Reino Unido, respaldados por Alemania y Portugal, y con el apoyo de Estados Unidos de que el Consejo adopte una resolución o una declaración de condena, han encontrado la oposición de Rusia y China, ambos con derecho de veto, y de Líbano.

El presidente de Rusia, Dimitri Medvédev, aseguró, según Telesur, que su país usaría el derecho de veto si se intentara adoptar contra Damasco alguna resolución similar a la que se impuso a Libia, la cual sirvió para encubrir lo que calificó como una operación militar irracional.(37)

De más está decir que Australia no solo respalda la condena de Siria por parte del Consejo, sino que aboga porque este órgano remita formalmente a la Corte Penal Internacional el caso, para que las autoridades del país árabe, incluyendo Bashar al Assad, sean juzgados por presuntos actos de represión y violencia contra su pueblo, con lo cual se pretende crear las condiciones para llevar adelante, con una apariencia de legalidad, la “cacería” y eventual aniquilamiento de estos.

Con similares propósitos, la CPI emitió, el 27 de junio de este año, un mandato de arresto contra el líder libio Muamar al Gadafi, su hijo Saif al Islam y el jefe de los servicios secretos, Abdulá al Senussi.

Igualmente, Australia ha saludado la declaración de condena de las acciones del Gobierno sirio, acordada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.(38)

No hay dudas de que el imperio del Pacífico Sur se toma muy en serio todo cuanto tenga que ver con la consecución de un mayor protagonismo a nivel mundial y de un reconocimiento internacional más notable de su condición de potencia de Occidente. La participación en la cruzada liderada por Estados Unidos contra Siria es solo otro capítulo de este empeño.

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Notas:

(*) Ver al respecto: Acosta Matos, Eliades. Imperialismo del siglo XXI: Las guerras culturales. Casa Editora Abril, La Habana, Cuba, 2009, pp. 276 y 277

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Ubicado en: Asia-Pacífico

No solo las sólidas relaciones económicas con China pueden estar incidiendo en que Australia se incline por una línea de acción en relación con ese Estado más pragmática y moderada que la deseada por EE.UU. También influye la percepción de Canberra acerca de la emergencia de Beijing como potencia regional y sobre la posibilidad de que no pueda contar con su principal aliado en la medida que lo requiera en determinada coyuntura

Hay al menos otras dos razones para que Australia, sin menospreciar el valor de su alianza con Estados Unidos, se incline por una línea de acción más pragmática y moderada hacia China que la deseada por Washington.

La primera es la consideración, sustentada en predicciones de reconocidas instituciones, como el grupo de inversión estadounidense Goldman Sachs, de que si continúan las actuales tendencias, la economía china será la mayor del mundo antes de que termine la primera mitad de este siglo.[1]

Su crecimiento medio anual en los últimos 30 años ha sido de alrededor del 10 %, tres veces más que el de la economía mundial en ese período (3 %) y cuatro veces más que el de los países de ingreso alto (2,5 %), como consecuencia de lo cual su peso relativo en la economía mundial ha crecido del 2 % en 1980 al 11 % en 2007, mientras en el mismo período el de Estados Unidos, que no obstante sigue siendo mucho mayor, se redujo ligeramente.[2]

Si en 1990 China era la décima potencia económica mundial, en el 2010, según estimados del Fondo Monetario Internacional su producto interno bruto era el segundo mayor del mundo, medido tanto en dólares corrientes como en paridad de poder adquisitivo (PPA). Era además, en 2009, el mayor exportador mundial de mercancías, por delante de Alemania y Estados Unidos, y el segundo mayor importador mundial, solo superado por este último país. Y si se trata de bienes y servicios combinados, era a nivel mundial el tercer exportador y el tercer importador, en ambos casos por detrás únicamente de Estados Unidos y Alemania.[3]

No son pocos los que piensan que aunque no se cumplieran con exactitud las proyecciones del informe de Goldman Sachs, si lo que ocurre se acerca a lo pronosticado, la emergencia de China provocará ajustes en el orden mundial y regional, al cambiar la posición relativa de Estados Unidos, particularmente en un sentido económico, aunque también en un sentido estratégico, ya que, como ha reconocido el ex primer ministro laborista australiano Paul Keating, las principales potencias económicas han sido invariablemente las principales potencias estratégicas.[4]

Sin embargo, las opiniones están más divididas en relación con la magnitud de estas transformaciones y la velocidad  con que se producirán.

Específicamente en cuanto a la magnitud de lo que ocurra, el ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger en su artículo Rebalancing Relations with China afirmó que aunque la creciente dependencia de los países vecinos de China de los mercados de esta incrementará su influencia política, tal situación no es incompatible con el liderazgo de Estados Unidos, aunque sí con el mantenimiento de su posición hegemónica actual.

Esa opinión tiene puntos en común con la de otros analistas que estiman que no necesariamente el aumento del poder chino se producirá a expensas del de Washington, ya que el escenario geopolítico de la región no puede reducirse a un juego de suma cero.[5]

En cuanto a la velocidad de las transformaciones, algunos analistas sostienen que ya se ha producido un cambio en la correlación de fuerzas en la región a favor de Beijing. Entre ellos, Dan Blumenthal, miembro residente del American Enterprise Institute (AEI), afirmó en su artículo The Erosion of U.S. Power in Asia que el poderío militar de China no es una abstracción futurista, pues este ha transformado ya el balance en ese campo en Asia-Pacífico.

Un criterio diferente es sostenido por Robert G. Sutter, profesor de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, Washington, quien tras entrevistar entre el 2004 y el 2006 a 175 expertos en asuntos asiáticos de ocho Gobiernos de Asia-Pacífico, concluyó que la influencia y el poder de Estados Unidos en la región no ha disminuido, y aunque la influencia de China esté aumentando en la misma, aún presenta importantes limitaciones y debilidades que determinan que tenga por delante un largo camino por recorrer para poder competir por el liderazgo regional.

De acuerdo con Sutter, la habilidad y disposición de su país para actuar como garante de la seguridad en la región y como socio económico vital continúan siendo fuertes y constituyen una razón sólida a favor de la continuidad de su liderazgo en la región.[6]

Lo mismo piensa Fernando Delage, subdirector de Política Exterior del Real Instituto Elcano, quien aseguró que “hoy hay una única potencia hegemónica y China está muy lejos de ser un posible rival”.[7]

No obstante, las administraciones laboristas australianas de los últimos cuatro años no se han mostrado muy convencidas de que el camino que le falta por recorrer a China para competir por el liderazgo regional sea demasiado largo, o que esté muy lejos de ser un posible rival para Estados Unidos, y si relacionamos diferentes afirmaciones recogidas en el Libro Blanco de Defensa 2009 acerca de que los cambios económicos provocarán inevitablemente modificaciones en la distribución del poder, y estos a su vez traerán como resultado la transformación del orden existente, tendremos que coincidir en que Canberra considera admisible, más allá de 2030, un escenario en el que no sea Washington, sino el gigante asiático el que ostente la supremacía indiscutible a nivel regional y global.

¿Y sería racional que Australia provocara innecesariamente a un Estado que puede convertirse a la vuelta de unos años en la principal potencia regional?

Otra razón para que Australia ponga en práctica una línea de acción hacia China más pragmática y moderada que la deseada por Washington es su percepción de que es probable que en el corto, mediano o largo plazo, hasta el 2030, aun cuando ninguna otra potencia tenga la capacidad económica, política y militar para desafiar la primacía global de Estados Unidos y su preeminencia regional, sus posibilidades de proyectar poder en Asia-Pacífico cuando se necesite estén restringidas.

Esto pudiera ocurrir porque su atención esté concentrada en otros objetivos estratégicos en regiones diferentes, o porque, como reconoce el Concepto Cardinal para las Operaciones Conjuntas, el cual establece los principios para el empleo del poder militar de Washington entre 2016 y 2028, su presencia regional esté limitada por la emergencia de nuevos competidores y la creciente dificultad política para mantener fuerzas avanzadas.[8]

¿Sería lógico que Australia tensara las relaciones con un Estado cuyo poder va en ascenso, hasta el punto de provocar un conflicto, en una coyuntura en que existe la posibilidad de que no pueda contar con su principal aliado en la medida en que lo requiera?

Por lo pronto, el Estado del Pacífico Sur ha comenzado a prepararse para un escenario como este. Con ese propósito, en el Libro Blanco de Defensa 2009 se detallaron las nuevas capacidades tecnológico-militares que se proponía desarrollar en áreas como el combate submarino, antisubmarino y en la superficie marítima —incluyendo la defensa aérea en el mar—, superioridad aérea, golpes estratégicos, fuerzas especiales, vigilancia y reconocimiento de inteligencia, y guerra cibernética (ciberguerra).

Se trata del fortalecimiento más importante de la Fuerza de Defensa Australiana (ADF, por sus siglas en inglés)  desde la Segunda Guerra Mundial, en poder de combate, infraestructura militar y personal, que le permitirá a Australia estar mejor preparada para enfrentar los desafíos derivados de los cambios que puedan ocurrir en las circunstancias estratégicas.[9]

Claro está, también es posible que el desarrollo de estas capacidades militares por parte de Canberra, más que el resultado de su percepción acerca de que podrá apoyarse en menor medida en el poder de Estados Unidos, sea una expresión de la aceptación de una estrategia de este, en virtud de la cual delega en Australia una cuota mayor de responsabilidad con la seguridad regional, lo que le permitiría liberar parte de los recursos dedicados a tales fines y destinarlos a enfrentar otros desafíos externos o internos de mayor prioridad.

En el Libro Blanco de Defensa 2009, al referirse a la eventualidad de que se redujeran las posibilidades de Estados Unidos de prestar la atención requerida y proyectar su poder en determinada región por encontrarse concentrado en otra, se precisó que esto probablemente provocaría que Washington buscara asistencia activa de aliados regionales y socios, incluyendo Canberra, en situaciones de crisis, o más generalmente mantendría acuerdos de seguridad con estos para asegurar la estabilidad regional.[10]

Pero en cualquier caso el resultado sería el mismo: Australia tendría que contar cada vez más con sus propias fuerzas y menos con las de su principal aliado, lo que tendría alguna influencia en su incondicionalidad a este. Pero, no nos apresuremos a sacar conclusiones… (Continuará).

Acceder a la primera parte de este artículo:

• Australia de cara al futuro: ¿China o Estados Unidos? (I)

Acceder a la tercera parte de este artículo:

• Australia de cara al futuro: ¿China o Estados Unidos? (III y final)
  

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Ubicado en: Asia-Pacífico

Canberra puso especial empeño en lograr que el Consejo de Seguridad prohibiera la navegación aérea sobre territorio libio, para lo cual desplegó una intensa campaña diplomática encabezada personalmente por su actual Canciller. Su actuación es la que podría esperarse de un Estado reconocido al menos en dos ocasiones por Obama como el más firme y mejor de los aliados de Washington

No caben dudas de que Australia, cuando se trata de respaldar a Estados Unidos, se toma bien en serio las cosas. ¿Qué otra explicación pudiera tener su empeño en lograr la imposición por parte del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de una zona de exclusión aérea sobre territorio libio, para lo cual desplegó una intensa campaña diplomática encabezada personalmente por su actual canciller Kevin Rudd?

El Gobierno australiano desde el 25 de febrero instó al Consejo de Seguridad a establecer esa zona, y ha justificado su actuación basándose en el mismo argumento que en definitiva sirvió para que el órgano de las Naciones Unidas la aprobara mediante su Resolución 1973, de 17 de marzo de 2011: la supuesta preocupación por las víctimas civiles ocasionadas por los ataques de la aviación del Gobierno libio contra sus opositores.

Tal argumento fue utilizado por la primera ministra Julia Gillard, entre otras ocasiones, el 2 de marzo en su declaración al Parlamento del país; el 13 de marzo, en conferencia de prensa en Canberra; el 18 de marzo, en declaración conjunta con el Ministro de Asuntos Exteriores al saludar la aprobación de la mencionada Resolución 1973, así como el 20 y el 21 de marzo, en sendas entrevistas, una concedida al programa Australian Agenda, del canal de televisión de 24 horas de información Sky News Australia, y la otra realizada en la Australian National University, de la capital australiana.

El canciller Kevin Rudd también lo defendió, por solo citar algunos ejemplos, en declaraciones realizadas el 7 de marzo en Jedda, Arabia Saudita; el 9 de marzo, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, e igualmente en entrevistas concedidas a Kieran Gilbert, de Sky News Australia, el 14 de marzo, y a Virginia Trioli y Michael Rowland, de ABC News 24, el 21 de marzo.

Sin embargo, no son pocos los motivos que permiten poner en tela de juicio la legitimidad de tal preocupación.

En primer lugar, aunque los medios de comunicación al servicio de las grandes potencias occidentales, entre ellos los australianos, y los principales dirigentes de estas, se han referido insistentemente a la necesidad de impedir los bombardeos de la Fuerza Aérea Libia contra la población, en realidad no se ha mostrado siquiera una imagen que demuestre que estos hayan ocurrido.

El Canciller australiano ha estado entre los más esforzados “defensores” de los derechos del pueblo libio. En declaraciones a Agence France-Presse (AFP), el 28 de febrero, poco después de su intervención en la reunión del Segmento de Alto Nivel del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmó que se tenían evidencias de que en Libia habían ocurrido bombardeos aéreos similares a los realizados por la aviación franquista contra la población civil del poblado vasco de Guernica durante la Guerra Civil Española, y que no se podía permanecer indiferente mientras tales atrocidades sucedían nuevamente.

Estas afirmaciones nos recuerdan inevitablemente uno de los pretextos utilizados para justificar en marzo de 2003 la invasión a Iraq: la presunta posesión por parte de Sadam Huséin de armas de destrucción masiva, en la campaña para convencer a la opinión pública mundial de cuya existencia,  Australia también desempeñó un importante papel.

En segundo lugar, qué lógica puede tener que el Gobierno australiano defienda el establecimiento de la zona de exclusión aérea sobre Libia para proteger a la población de este país, y a la vez apoye, como declaró su Canciller en conferencia de prensa el 20 de marzo, las operaciones militares que llevan a cabo, supuestamente para imponerla, las potencias occidentales.

Estas operaciones causan muertes precisamente entre quienes aparentemente pretenden proteger, y como consecuencia de las mismas se habían producido ya entre el 19 de marzo, en que comenzaron, y el 1ro. de abril, más de un centenar de víctimas civiles, de acuerdo con cifras oficiales dadas a conocer por el diario cubano Juventud Rebelde.

Además, según denunció el intelectual y activista contra la guerra David Wilson, experto del capítulo británico de la organización Stop the War Coalition, citado por la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina, durante el inicio de esas operaciones, aviones de la OTAN lanzaron unas 45 bombas con ojivas de uranio empobrecido, que pueden causar daños renales, cánceres de pulmón y huesos, trastornos en la piel, trastornos neurocognitivos, daños cromosómicos, síndromes de inmunodeficiencia y enfermedades renales e intestinales. Curiosa forma esta de proteger a la población de Libia.

Si alguno de los recientes acontecimientos en ese Estado del Magreb pudiera asimilarse a lo sucedido en Guernica en 1937 son precisamente estas acciones militares. Pese a ello, Rudd, el 21 de marzo, en entrevista para el programa Sunrise, de la cadena de televisión australiana Seven Network, ante una pregunta de su conductor David Koch acerca de si apoyaba los golpes aéreos de la coalición contra Libia aunque estos dañaran a civiles, respondió que era realista asumir que ese riesgo existía, pero que la estrategia específica empleada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia era, absolutamente, la mejor posible.

El apoyo de Australia a los bombardeos de la coalición, que paradójicamente provocan el efecto que según alegan tratan de evitar, es aun más surrealista si se tiene en cuenta que el Gobierno libio ha manifestado y mantenido hasta el momento su total disposición a acatar la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad y no existen pruebas de que se haya producido ningún vuelo de la aviación del país contraviniendo lo dispuesto por esta.

Es cierto que se divulgaron declaraciones de los rebeldes libios sobre el supuesto derribo el 17 de marzo de tres aviones de combate de las fuerzas leales a El Gadafi cuando intentaban bombardear Bengasi, y de otro el 19 de marzo, lo que sugería posibles violaciones de los términos de la Resolución 1973.

Pero, en este último caso, Telesur precisó con posterioridad —el 24 de marzo—, que el avión pertenecía a las fuerzas rebeldes, y citó al respecto información brindada a AFP por una fuente de la oposición contactada telefónicamente. Del derribo de las tres primeras aeronaves nunca se mostró evidencia alguna, y es significativo que cuando el mismo 24 de marzo, el Ministerio de Defensa francés comunicó que había sido abatido cerca de la ciudad de Misurata un avión de ataque ligero Soko G-2 Galeb, de la Fuerza Aérea Libia, que violaba la zona de exclusión aérea establecida por el Consejo de Seguridad, la cadena de noticias ABC haya precisado que se trataba de la primera vez que El Gadafi desafiaba la referida zona.

En realidad, más tarde se demostró igualmente que no hubo tal desafío. El enviado especial de Telesur a Trípoli, Jordán Rodríguez, confirmó que el avión libio se encontraba en tierra cuando fue destruido por los cazas franceses. Tras corroborarse el hecho, se justificó  su destrucción, informó Telesur, arguyendo que debían aniquilarse todas los medios que el Ejército libio pudiera usar para defenderse de los ataques que recibía.

En tercer lugar, es difícil entender por qué el Gobierno australiano es especialmente sensible al uso de la fuerza por El Gadafi contra sus opositores y no ha reaccionado de igual forma ante su empleo reciente, en situaciones similares, por parte de otros Gobiernos del Oriente Medio, como el de Bahréin y el de Yemen.

Según la primera ministra Julia Gillard en la entrevista para el programa Australian Agenda, el 20 de marzo, su Gobierno estaba siguiendo muy de cerca la situación en esos Estados, y cuando tuviera algo que decir sobre la misma lo diría.

O sea, que casi dos meses después que empezaran en Yemen las manifestaciones contra el presidente Ali Abdullah Saleh y a más de un mes  del inicio de las revueltas en Manama, capital de Bahréin, reclamando reformas al rey Hamad ben Isa al Jalifa, en ambos casos duramente reprimidas por los respectivos Gobiernos, Canberra no tenía nada que alegar.

Solo el 24 de marzo a través de una declaración sobre los recientes acontecimientos en el Oriente Medio, el canciller Kevin Rudd expuso su preocupación por el uso de la fuerza contra los manifestantes —expresamente condenó la ocurrida en Yemen—y llamó a los Gobiernos de esos países a buscar todos los medios posibles para lograr la solución pacífica de la crisis a través del diálogo.

En el caso de Libia, sin embargo, no habían pasado diez días del comienzo de las protestas y ya tenía una idea precisa acerca de su posición y de cómo debía actuar en lo adelante. Y por supuesto, nada de llamados al diálogo y a la búsqueda de soluciones pacíficas. Francamente increíble.

Igualmente resulta inexplicable que un Gobierno “tan preocupado” por las violaciones de los derechos humanos como el australiano, no haya instado al Consejo de Seguridad a imponer una zona de exclusión aérea sobre el territorio de Israel para impedir que masacrara entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero del 2009 a la población de la Franja de Gaza, causando la muerte de alrededor de 1 400 palestinos, la absoluta mayoría de ellos, cerca de mil, civiles.

¿Por qué no urgió a ese órgano de las Naciones Unidas, como lo hizo en el caso de Libia, a imponer sanciones contra el Estado sionista para impedir el derramamiento de sangre palestina?

¿Por qué no adoptó entonces un régimen autónomo de sanciones contra Israel como hizo el 25 de febrero del presente año contra el Gobierno libio?

Por otra parte, podría ser concebible que el Gobierno australiano, “horrorizado” por la violencia contra el pueblo libio atribuida a El Gadafi, la condenara en los términos más enérgicos, e incluso que pidiera reiteradamente al Consejo de Seguridad la adopción, entre otras medidas para evitarla, de una zona de exclusión aérea, pero, ¿no es excesivo que se haya involucrado en una intensa campaña diplomática para propiciar un consenso a favor de la medida en ese órgano de las Naciones Unidas?

El tema motivó incluso que uno de los periodistas que participaron en la conferencia de prensa ofrecida por Julia Gillard el 13 de marzo en Canberra, le preguntara si no era un poco raro que el Ministro de Asuntos Exteriores del país estuviera viajando por el Oriente Medio abogando por una acción en la cual Australia no desempeñaría un rol vital, ya que como la jefa del Gobierno australiano había asegurado poco antes, el país, por la distancia que lo separaba de Libia, no tenía la posibilidad de contribuir al establecimiento de la zona de exclusión aérea sobre el territorio de ese Estado.

La respuesta de la Primera Ministra no fue demasiado convincente. Se refirió a que la solicitud de su Gobierno al Consejo de Seguridad de prohibir la navegación aérea sobre Libia era consistente con la defensa de los valores más entrañables para el pueblo australiano, que no quería seguir viendo morir personas que solo habían alzado sus voces en defensa de las libertades básicas.

Pero, en realidad Canberra hizo mucho más que urgir al Consejo de Seguridad a tomar tal disposición. El canciller Kevin Rudd desplegó nuevamente sus probadas habilidades diplomáticas, esta vez con el propósito de promover el apoyo a esta de los Estados de la región donde está enclavada Libia, y así influir en las consideraciones del órgano de las Naciones Unidas con vistas a lograr finalmente su aprobación.

Para ello se reunió el 7 de marzo con el Profesor Ihsanoglu, secretario general de la Organización de la Conferencia Islámica y el 9 de marzo con los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo. Asimismo, conversó sobre el tema con Amr Moussa, secretario general de la Liga Árabe.

Ahora bien, si como la lógica indica, no es la preocupación por la población civil libia la que determina la actuación del Gobierno australiano en relación con la zona de exclusión aérea sobre el territorio del Estado del norte africano, qué otra causa pudiera tener su diligencia en lograr la aprobación de esta medida.

Australia no tiene como algunos países europeos involucrados en la actual cruzada contra Libia, entre ellos Italia, Alemania y Francia, grandes intereses económicos vinculados a esta.

El monto del comercio de mercancías entre Canberra y Trípoli, según datos del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio australiano, alcanzó en 2009-2010 los 293 millones de dólares australianos, equivalentes a poco más de 303 millones de dólares estadounidenses, lo que representa apenas el 0,1% del valor total del intercambio de mercancías de Australia. Libia se ubica en el lugar 57 entre sus socios comerciales.

Por otra parte, Australia no tiene inversiones significativas en ese país, ni hasta donde se conozca otro interés en relación con sus recursos naturales que el de garantizar el 2% del petróleo crudo que necesita importar, a lo cual El Gadafi no había puesto reparos, y que con un valor de alrededor de 260 millones de dólares australianos (casi 269 millones de dólares de Estados Unidos), representa solo el 0,1% del valor total de las importaciones australianas de mercancías.

Hay evidentemente una explicación racional para la actuación del Gobierno australiano. Australia es uno de los más firmes aliados de Estados Unidos, que, a su vez, es sin dudas el principal aliado del Estado del Pacífico Sur.

Estados Unidos es uno de los más interesados en el petróleo libio y en la salida de El Gadafi del poder, y una pieza de esencial valor en la estrategia para lograrlo era el beneplácito del Consejo de Seguridad a la zona de exclusión aérea sobre el Estado norteafricano, lo que le abría el camino para el uso de la fuerza con el pretexto de garantizar su imposición, como en efecto ocurrió.

El Gobierno australiano, con limitaciones logísticas para participar directamente en la imposición de la zona de exclusión aérea, por su enorme distancia de Libia, y consciente de las implicaciones que tendría la decisión de hacerlo para sus niveles de popularidad en momentos en que no puede permitirse esos lujos, parece haber encontrado en la campaña diplomática para lograr su establecimiento, muy probablemente de acuerdo con Washington, la fórmula perfecta para demostrar su lealtad a este sin perjudicar sus propios intereses.

Es cierto que Australia comenzó a abogar públicamente por la prohibición de la navegación en el espacio aéreo de Libia antes que Estados Unidos, pero debe tenerse en cuenta que la Administración de Obama ha procurado no solo que los riesgos y costos de cualquier operación contra el Estado magrebí sean compartidos, sino que prevalezca la imagen de que se trata de una acción concebida, proyectada y ejecutada multilateralmente.

En relación particularmente con la zona de exclusión aérea, la táctica de Washington parece haber sido la de dejar que otros socios o aliados tomen públicamente la iniciativa, para luego respaldar las propuestas supuestamente nacidas de ellos.

Recuérdese, por ejemplo, que en la reunión del Segmento de Alto Nivel del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los cancilleres de Australia e Italia apoyaron públicamente en sus intervenciones la prohibición de la navegación aérea sobre el Estado norteafricano, mientras Hillary Clinton se refiría genéricamente a que Washington tenía abiertas “todas las opciones” respecto a ese país.

La secretaria de Estado estadounidense fue luego más específica en un encuentro con la prensa, y al hablar de una reunión con varios de sus homólogos europeos y con la Alta Representante de Relaciones Exteriores, Catherine Ashton, afirmó que la zona de exclusión aérea estaba entre las acciones que se consideraban en ese momento y que se continuaría analizando.

Asimismo, fue la delegación de Líbano, con un fuerte respaldo de Gran Bretaña y Francia, la que presentó al Consejo de Seguridad el proyecto para imponer la suspensión de la navegación por el espacio aéreo libio que se sometió a discusión de este órgano de las Naciones Unidas.

De cualquier forma, como ya hemos señalado, Australia instó al Consejo de Seguridad a aprobar esta medida el 25 de febrero, y el 28 del propio mes, Obama se reunía con Ban Ki-moon para coordinar las acciones que la comunidad internacional podría tomar para forzar la salida del poder de Muamar El Gadafi, y según confirmó con posterioridad Susan Rice, embajadora de Washington ante la ONU, que participó en el encuentro, citada por la versión digital de El País, la zona de exclusión aérea había sido uno de los temas tratados, una opción que señaló se estaba considerando seriamente y se estaba discutiendo con los aliados.

Un proceso de este tipo no es cosa de un día y es obvio que incluso antes del 25 de febrero Estados Unidos estaba manejando la posibilidad de buscar un consenso para lograr su imposición.

De hecho, el 23 de ese mes Obama declaró que había solicitado a su Administración preparar el rango completo de acciones que podrían usarse para responder a la crisis en Libia, incluyendo aquellas que se coordinarían con aliados y socios, así como las que se llevarían a cabo a través de instituciones internacionales, mientras el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, informó que su país estaba considerando acciones bilaterales y multilaterales, aunque declinó, según la revista militar GlobalSecurity.org, discutir acciones que habían sido sugeridas, como el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Libia.

El 24 de febrero, se comenzó a preparar a la opinión pública estadounidense para la posible aprobación de la medida. Ese día, CNN transmitió una entrevista telefónica de Anderson Cooper a una aterrorizada mujer no identificada, que desde su apartamento en Trípoli confirmó que se estaba produciendo allí una masacre y que para impedirla el primer paso que debía darse era… ¿Qué creen? Pues convertir a Libia en una zona de exclusión aérea. Curioso, ¿no?

¿Estaría Australia entre los aliados con los que Obama evaluó la posible imposición de la zona de exclusión aérea sobre Libia? No tengo constancia, pero es muy probable. ¿Solicitaría Washington el apoyo de Canberra para promover un consenso que facilitara su aprobación? Es posible, aunque también puede ser que el Estado del Pacífico Sur actuara por propia iniciativa, procurando honrar su condición de amigo fiel.

En cualquier caso, Australia hizo lo que podría esperarse de un Estado que ha sido reconocido al menos en dos ocasiones por Obama como el más firme y mejor de los aliados de su país.

Sobre la posición y la actuación del Gobierno australiano en relación con los recientes acontecimientos en Libia, puede consultar también los artículos del autor: Libia también en la mirilla de Australia y En el apoyo a EE.UU. Australia no quiere ser segunda de nadie

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Ubicado en: Asia-Pacífico

La actuación australiana en relación con los más recientes acontecimientos en Libia ha estado guiada por el compromiso con su principal aliado y con la civilización occidental, de la cual se siente parte con independencia de su situación geográfica

Si alguna intención seria tuvo el Partido Laborista Australiano de promover desde el Gobierno que el país llevara adelante una política exterior más “independiente” de la de Estados Unidos —en el marco, claro está, de la alianza estratégica entre ambos Estados— que la que caracterizó la etapa de Gobierno de la coalición de los partidos Liberal y Nacional encabezada por el conservador John Howard (11 de marzo de 1996-3 de diciembre de 2007), esta parece haberse desvanecido con posterioridad.

No era irrazonable presumir tal intención a partir de ciertas declaraciones de Kevin Rudd como líder del laborismo australiano, durante la campaña electoral que lo catapultaría como Primer Ministro, acerca de que la alianza de su país con Estados Unidos no había significado nunca ni significaría automáticamente sumisión, y de decisiones consecuentes con lo afirmado, tomadas en los primeros meses de su Gobierno, como la retirada de las tropas australianas de Iraq y la de no seguir participando en la estrategia de “contención” de China impulsada por la Administración de George W. Bush desde principios de 2006 y apoyada por Howard.

Sin embargo, bien pudiera ser que en realidad no hubiera existido tal intención, sino más bien una estrategia encaminada a tomar cierta distancia de la política exterior desarrollada por el Gobierno de Bush, que concitaba el más profundo rechazo a nivel regional y mundial, ya que secundarla habría traído a Australia más perjuicios que beneficios.

El apoyo incondicional del Gobierno de Howard a la “guerra contra el terrorismo” promovida por la Administración Bush, y la adopción en sus relaciones con los Estados de Asia-Pacífico —particularmente del Pacífico Sur y del Sudeste Asiático—, de los métodos empleados por esta, se convirtieron en un serio obstáculo para materializar la aspiración del país de lograr un mayor protagonismo regional.

Sobre el particular, David Wright-Neville, catedrático del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Monash, Australia, afirmó  en enero de 2006 que aunque Canberra se negara categóricamente a reconocerlo, su prominente apoyo a la “guerra contra el terrorismo” de la Administración Bush, y especialmente a su desventura militar en Irak, la llevaron a una situación en la que el enojo hacia Estados Unidos se desvió también hacia Australia. “En gran parte del sudeste asiático, Australia supone un sustitutivo para el sentimiento de antiamericanismo en particular, pero también para el antioccidentalismo en general.”.¹

En el plano interno, el respaldo del entonces primer ministro australiano John Howard a la presencia de las tropas australianas en Iraq, sin tomar en consideración el rechazo de la población del país, estuvo entre las causas fundamentales que provocaron su derrota en las elecciones federales de noviembre de 2007, y hubieran minado el apoyo popular a cualquier Gobierno que siguiera una línea política similar.

Por otra parte, la decisión de Howard de integrar al país a un sistema de alianzas antichino dirigido por Estados Unidos, ponía en riesgo el desarrollo de las relaciones económicas, fundamentalmente comerciales, con Beijing, cada vez más importantes para Australia. China en los primeros años de Gobierno de Rudd se convirtió en el primer socio comercial de Australia, en  la primera fuente de las importaciones australianas y en el segundo mayor destino de sus exportaciones.

Ahora bien, haya existido o no la intención a la que nos referimos al inicio del trabajo, lo cierto es que a partir de la llegada a la Casa Blanca de Barack Obama, la política exterior australiana ha seguido una definida tendencia a alinearse cada vez más con la estadounidense, ya sea que ocupara la jefatura del Gobierno australiano Rudd o la actual primera ministra Julia Gillard

Así, las tropas australianas se han mantenido en Afganistán, e incluso se cedió a finales de abril de 2009 a la presión del presidente Obama para que Canberra enviara efectivos adicionales a los que ya se encontraban en el país centroasiático, es real que no sin reticencias y que Rudd, entonces Primer Ministro, dejó claro que no se trataba de tropas de combate.

Julia Gillard no bien se convirtió en Primera Ministra ratificó su compromiso con la permanencia de las tropas australianas en Afganistán y hace apenas unos días, el 16 de febrero, reafirmó, al término de una reunión en Wellington con su homólogo neozelandés John Key, que las mismas estarían allí hasta el cumplimiento definitivo de su misión, pese a que nuevos nombres se habían sumado a la lista de bajas australianas.

Por otra parte, Canberra ha participado activamente en la conspiración liderada por Washington para satanizar a los Gobiernos de la República Popular Democrática de Corea y la República Islámica de Irán, y en la reciente escalada agresiva contra los mismos.²

Y si alguna duda quedara sobre la tendencia que ha seguido la política exterior australiana a alinearse con la estadounidense, bastaría con analizar la posición de Australia en relación con los acontecimientos más recientes en Libia.

Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que Australia se ha sumado decididamente a la maniobra de las principales potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos, que persigue en última instancia la salida del poder del líder libio Muamar al Gadafi.

No es propósito del presente trabajo analizar por qué tras años de excelentes relaciones entre estas potencias y el Gobierno libio, de acceso seguro al petróleo —y también al gas— del país norafricano y a la posibilidad de inversiones en la producción y distribución del vital recurso, tomaron ahora tal decisión.

No creo por otra parte, que, cualesquiera que sean las razones que la fundamenten, hayan influido demasiado en la actuación australiana, determinada en última instancia, por su compromiso con su principal aliado y con la civilización occidental, de la cual se siente parte con independencia de su situación geográfica.

Lo cierto es que los principales medios de comunicación australianos, entre ellos los diarios The Australian y The Herald Sun, el grupo audiovisual público Australian Broadcasting Corporation (ABC) y la cadena de televisión Nine, por solo mencionar algunos, se han hecho eco de la campaña mediática de mentiras sobre lo que ocurre en Libia y han contribuido a difundir una imagen distorsionada, añadiendo tintes más dramáticos a la situación de violencia que vive el país, presentándola como un caos, en el cual el Gobierno masacra impunemente a la población civil.

Despachos cablegráficos sobre todo de la Australian Associated Press (AAP) y de la Agence France-Presse (AFP), reproducidos por las versiones  digitales de The Australian y The Herald Sun, dan cuenta de la existencia de miles de muertos y reiteradamente hablan de la “sangrienta represión” del Gobierno libio contra los opositores.

Y sin el menor pudor, la página principal del servicio de noticias online de ABC (ABC News) aparecía el 3 de marzo encabezada por un artículo en cuyo título se le daba a Al Gadafi el calificativo de “nuevo Hitler”.

El propósito es obvio: concitar la indignación de la opinión pública australiana y mundial, buscando su respaldo a severas medidas contra el Gobierno libio, que podrían llegar incluso a una intervención militar.

A reforzar esta imagen de caos e inseguridad en Libia han contribuido también decisiones del Gobierno australiano que han tenido amplio destaque en los medios de comunicación del país.

Entre estas destaca la de retirar el personal diplomático de su consulado en Tripoli, que siguió a disposiciones similares de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, según declaraciones de la primera ministra Julia Gillard a la cadena australiana de televisión Nine (Channel 9), citadas en despachos cablegráficos de AAP y AFP, publicados en The Herald Sun.

Asimismo se tomaron medidas para evacuar al resto de los australianos residentes en el territorio del país norafricano, y se elevó el nivel de alerta para los que pretendan viajar hacia allí. Kevin Rudd, ahora en su nueva responsabilidad de Canciller, citado por Xinhua, en un despacho publicado por la versión en español del diario chino Pueblo en línea, dirigiéndose a los ciudadanos de su país afirmó: “Si estás ahí (en Libia) y es posible y seguro que salgas, deberías salir ya. Y si está pensando en viajar a esa parte del mundo piénsalo. Es un lugar difícil y peligroso.”.

Pero Australia no únicamente se ha limitado a preparar a la opinión pública del país y del mundo para la aceptación de medidas severas contra el Gobierno libio, sino que anunció el 26 de febrero, mediante declaraciones de su Canciller, de visita en El Cairo, que pondría en vigor su propio régimen autónomo de sanciones contra este, lo que hizo efectivo el 27 de febrero, apenas un día después que los Estados Unidos adoptara el suyo y que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobara la Resolución 1970, imponiendo sanciones contra Libia.

El régimen autónomo australiano comprende la prohibición de entrar al país o transitar por este a Al Gadafi, miembros de su familia y figuras claves de su entorno incluidos en una lista de personas que no podrán tampoco realizar transacción financiera alguna con ciudadanos australianos. Igualmente fue establecida la prohibición de vender armas al Gobierno libio.

Es oportuno llamar la atención acerca de que solo otros cinco Estados están sujetos a sanciones autónomas por parte de Australia: Irán, Corea del Norte, Burma, Fiyi y Zimbabwe. Rudd explicó en sus declaraciones oficiales desde El Cairo que su país había tomado tales medidas para mostrar su apoyo al pueblo libio.

Resulta sorprendente la “preocupación” australiana por el pueblo libio, si comparamos tal actitud con la total impasibilidad con que ha contemplado las flagrantes violaciones de los derechos humanos que ha cometido Israel contra la población palestina en los territorios ocupados, que van desde asesinatos selectivos contra sus principales líderes hasta masacres comprobadas, como la ocurrida durante la incursión militar israelí en la Franja de Gaza en diciembre de 2008 y enero de 2009, en la que murieron 1300 palestinos.³

Por otra parte, la Administración laborista australiana ha respaldado las maniobras de Estados Unidos para lograr una mayor presión de los organismos internacionales sobre el Gobierno libio.

Así, instó el 26 de febrero al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a tomar sanciones similares a las contempladas en el régimen autónomo que se proponía adoptar, y además a establecer una zona de exclusión aérea sobre el territorio libio.

La idea de prohibir cualquier sobrevuelo de Libia, fue manejada el 28 de febrero y el 1ro. de marzo, en Ginebra,  por la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, quien se comprometió a “considerarla activamente”, con el objetivo, supuestamente, de impedir la masacre de civiles por la aviación libia leal a Al Gadafi, según informó Terra.

La versión digital de El Universal, de Caracas, dio cuenta de que el 28 de febrero Hillary Clinton se reunió con los cancilleres de Rusia y Australia —también lo hizo con sus aliados europeos— para coordinar  “una oposición internacional unificada a los ataques en los que han muerto centenares de personas en Libia”, aunque aparentemente el tema de la creación de una zona de exclusión aérea sobre el territorio libio no se abordó —el canciller ruso Serguei Lavrov dijo que no había sido mencionado por nadie en las conversaciones.

Sin embargo, el medio afirmó que mientras funcionarios occidentales expresaron dudas sobre cómo los países podrían implementar tal medida, el Canciller australiano se dirigió directamente desde su reunión con Clinton hacia el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y al intervenir en Segmento de Alto Nivel anunció el respaldo de su Gobierno a la referida zona, pero no logró consenso,

Para justificar el apoyo de Australia a este proyecto, Rudd poco más tarde precisó a AP que esta era la forma de evitar bombardeos aéreos del tipo de los desatados en 1937 por la aviación franquista contra la población civil del poblado vasco de Guernica, uno de los episodios más trágicos de la Guerra Civil Española, cuyo recuerdo fuera inmortalizado por el célebre pintor español Pablo Picasso.

El Canciller australiano afirmó además, que se tenían evidencias de que en Libia habían ocurrido hechos similares y que no era posible permanecer indiferentes mientras tales atrocidades ocurrían nuevamente.

Igualmente, Australia maniobró diligentemente para lograr que Libia fuera suspendida como miembro del Consejo de Derechos Humanos. En los debates del Consejo, el 25 de febrero, sobre la situación de los derechos humanos en Libia, el representante australiano, Peter Woolcot —Australia tiene el estatus de Estado observador—, expresó que su país apoyaba tal medida y que lo haría igualmente en la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que sería convocada en los próximos días con el propósito de analizar su aprobación. Al día siguiente, desde El Cairo Rudd ratificó la posición de Australia al respecto, como haría el 28 de febrero en la reunión del Segmento de Alto Nivel del Consejo de Derechos Humanos.

El Consejo el propio 25 de febrero adoptó por consenso una resolución (S-15/1) en la que solicitaba a la Asamblea General de la ONU la suspensión de Libia, y esta en una decisión sin precedentes, la aprobó el 1ro. de marzo.

Hay más. El Gobierno australiano estuvo entre los más decididos partidarios de que el caso de Libia se presentara a la Corte Penal Internacional, para determinar la responsabilidad de Al Gadafi en la comisión de supuestos crímenes contra la humanidad.

El canciller australiano Kevin Rudd lo pidió expresamente en comunicación dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU y también en las declaraciones desde El Cairo, hechas públicas por su oficina, el 26 de febrero, horas antes de que tal medida fuera aprobada mediante la Resolución 1970 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Todo esto es realmente poco serio, si se toma en cuenta que jamás Canberra ha levantado su voz para pedir que sean juzgados los principales responsables de verdaderos crímenes contra la humanidad como los cometidos contra la población civil en Iraq, Afganistán y Palestina.

Incluso en los dos primeros casos, el Gobierno australiano ha sido copartícipe de tales crímenes, pues involucró tropas y medios de combate desde el mismo comienzo, en las coaliciones lideradas por Estados Unidos para invadir estos Estados. Y en el tercero no pocas veces su silencio cómplice y su voto en contra en los organismos internacionales ha impedido que se haga la mínima justicia a que pudiera aspirar el pueblo palestino: la condena de la comunidad internacional al país agresor: Israel.⁴

Australia ha ido aun más lejos. En una clara manifestación de injerencia en los asuntos internos del Estado libio, el titular de Exteriores australiano, manifestó el 21 de febrero que Al Gadafi debería acogerse a reformas democráticas, mientras el 26 del propio mes declaró a ABC que el mismo se había quedado “sin crédito” como líder de su pueblo y que debía abandonar de inmediato el país, lo que solicitó igualmente al dirigirse al Segmento de Alto Nivel de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el 28 de febrero.

En términos análogos se pronunció el presidente estadounidense Barack Obama en conversación telefónica sostenida con la Canciller federal alemana Ángela Merkel y el propio día 28 de febrero, en Ginebra, la Secretaria de Estado estadounidense. ¿Casualidad?

Como puede apreciarse, Australia guiada por el laborismo se ha propuesto, en el apoyo a su principal aliado, no ser segunda de nadie. ¿Hasta dónde llegará? Es difícil predecirlo, pero no debemos sorprendernos de nada. No pasemos por alto que el canciller Kevin Rudd, al dirigirse al Segmento de Alto Nivel del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 28 de febrero señaló que el Consejo de Seguridad para manejar la situación en Libia debía mantener todas las opciones sobre la mesa…

Para mayor información sobre la alianza entre los Estados Unidos y Australia ver:

• Australia en el siglo XXI: una lealtad a EE.UU. a toda prueba (I).
• Australia en el siglo XXI: una lealtad a EE.UU. a toda prueba (II).
• Australia en el siglo XXI: una lealtad a EE.UU. a toda prueba (III y final)
• Australia en el siglo XXI: Los enemigos de mis amigos son también mis enemigos
• Australia-EE. UU.: A casi 60 años de una alianza entre imperios
  
• Cambio de Gobierno en Australia. ¿Cuál es la diferencia

(1) Ver al respecto: Wright-Neville, David. Temor y odio: Australia y el antiterrorismo. Real Instituto Elcano. ARI número 156/2005.

(2) Para más detalles sobre este tema ver los artículos del autor: Australia en el siglo XXI: Los enemigos de mis amigos son también mis enemigos y Australia en el siglo XXI: una lealtad a EE.UU. a toda prueba (III y final)

(3) Para más detalles sobre la complicidad de  Australia con los crímenes cometidos por Israel contra la población palestina, ver el artículo del autor: Australia en el siglo XXI: una lealtad a EE.UU. a toda prueba (III y final)

(4) Para más detalles sobre la complicidad de  Australia con los crímenes cometidos por Israel contra la población palestina, ver el artículo del autor: Australia en el siglo XXI: una lealtad a EE.UU. a toda prueba (III y final) _________________________________________________________________________________________________

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Quien dude de la importancia que conserva para Canberra en el siglo XXI su alianza con Washington, no tiene más que reparar en cómo los Gobiernos australianos en los últimos diez años han respaldado la estrategia de dominación mundial de EE.UU. y sus principales campañas internacionales.

La incondicionalidad australiana a EE.UU. en la presente centuria tuvo su período de mayor esplendor después del 11 de septiembre de 2001, cuando el Gobierno del primer ministro John Howard (11/3/1996-3/12/2007) asumió que esta era la garantía para realizar sus principales propósitos regionales: consolidar su liderazgo en el Pacífico Sur y lograr un mayor protagonismo en Asia-Pacífico.

Alentado por tal convicción, ajustó su estrategia antiterrorista a la de su principal aliado, y puso especial empeño en interpretar fielmente el papel que le había reservado este a Australia en la remodelación del sistema de alianzas, como soporte de su poder en el Pacífico Sur, que debía actuar básicamente en países pequeños donde Washington creía innecesaria su presencia, como hizo al liderar las intervenciones militares en Islas Salomón (julio de 2003 y mayo de 2006),  la República Democrática de Timor Leste (mayo de 2006) y el Reino de Tonga (finales de 2006).

Si bien Canberra ya cumplía ese cometido —comandó la intervención militar de la Fuerza Internacional para Timor Oriental, hoy República Democrática de Timor Leste, autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 15 de septiembre de 1999—, en el nuevo contexto debía demostrar que su poder en el entorno era indiscutible, en correspondencia con el proyecto de dominación de la Administración Bush, en el que ahora tenía además, renovada importancia el Sudeste Asiático, y en consecuencia, el respaldo de Australia a sus objetivos allí.

Pero la proyección prepotente, agresiva y esencialmente unilateral de Howard chocó con la violenta reacción de Gobiernos sudasiáticos como los de Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia, lo que lo obligó a reconsiderar cómo actuar en relación con estos.

Por otra parte, la Administración Howard apoyó sin reparos los objetivos estratégicos estadounidenses más allá de Asia-Pacífico, a riesgo de descuidar, en lo inmediato, sus intereses en la región.

Australia fue clave en la campaña para convencer a la opinión pública mundial de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, que sirvió de pretexto para la invasión a este Estado, en la que también se involucró, y aunque su aporte no fue comparable en magnitud con el estadounidense y el británico, se correspondió con sus capacidades reales. Igualmente, se sumó el 23 de octubre de 2001 a la coalición occidental liderada por EE.UU. que invadió Afganistán, y se ha mantenido formando parte de la misma.

La subordinación de los intereses australianos a los estadounidenses fue aun mayor a partir del segundo período de Gobierno de Bush, cuando este identificó a China como la potencia emergente con mayores posibilidades de competir militarmente con EE.UU., y se propuso crear y dirigir un sistema multilateral de alianzas antichino con la participación de Australia, Japón y Corea del Sur, al que pudiera integrar otros países, especialmente la India.

Para respaldar tal propósito, la Administración Howard profundizó sus relaciones de seguridad con este último Estado, participó con el mismo en ejercicios militares conjuntos y en un diálogo cuadrilateral sobre cuestiones de seguridad que incluía además a EE.UU. y a Japón, lo que muchos analistas consideraron una innecesaria provocación a China.

Uno de los pasos cardinales en la formación del sistema de alianzas antichino fue la firma, el 13 de marzo de 2007, de la Declaración conjunta sobre cooperación en seguridad Australia-Japón, mediante la cual por primera vez se reconocía públicamente que existía una colaboración de amplio alcance en estos temas entre ambos Estados.

Para el Gobierno de Howard tomar parte en la estrategia estadounidense de “contención” de China no era una elección fácil. Tenía sustanciales intereses involucrados en las relaciones económicas con ese Estado que tal decisión podría poner en riesgo, pero a la vez de ello dependía, en su percepción, la “salud” de la alianza con EE.UU., y le preocupaba aun más que a sus predecesores el ascenso del gigante asiático.

Con el triunfo de los laboristas en las elecciones de noviembre de 2007 cambió la percepción de cómo alcanzar los objetivos esenciales de la proyección estratégica de Australia hacia la región, pues estos no creían que para ello fuera condición sine qua non la subordinación a los intereses de EE.UU.

El entonces líder del Partido Laborista, Kevin Rudd, aseguró en un discurso pronunciado el 8 de agosto de 2007, que para Australia una alianza no había significado, ni significaría automáticamente sumisión, y que la que mantenía con EE.UU. era suficientemente fuerte para soportar desacuerdos.

El más notable de estos durante su Gobierno tuvo como génesis la decisión de retirar las tropas de combate australianas de Irak, concluida el 28 de julio de 2009, una promesa electoral de su partido que no poco tuvo que ver con su victoria en las urnas, dado el creciente rechazo popular a la intervención de Australia en esa aventura bélica.

La medida respondió asimismo a la apreciación de la Administración Rudd de que debía concentrar sus capacidades económicas y militares en mantener el liderazgo en su propio “patio trasero”, donde en opinión de los laboristas, los intereses de seguridad australianos se habían deteriorado agudamente en la última década, y en lograr mayor protagonismo en Asia-Pacífico.

El resuelto apoyo de Canberra a la “guerra contra el terrorismo” de la Administración Bush, y especialmente a la invasión a Irak, lejos de favorecer este protagonismo, como creía Howard, se convirtió en un obstáculo para lograrlo, pues provocó que el creciente repudio a EE.UU. en el área derivara también en un rechazo a Australia.

Otra evidencia de que la incondicionalidad del Gobierno de Howard a EE.UU. había cedido paso a una política que procuraba tomar más en cuenta los intereses australianos fue la reticencia de la Administración laborista a enviar a Afganistán efectivos adicionales a los casi 1 100 desplegados allí cuando llegó al poder, a pesar de las presiones del Gobierno de Obama. No obstante, ante tales apremios, no le resultaba fácil ser consecuente con su propósito de concentrarse más en su entorno inmediato, y a finales de abril de 2009, envió más de 400 soldados al país centroasiático, aunque precisó que no eran tropas de combate.

Por otra parte, el Gobierno de Rudd se propuso lograr un mayor balance entre su tradicional alianza con EE.UU. y los cada vez más esenciales lazos económicos con China, y no se mostró dispuesto a seguir los pasos de la Administración Bush, si ello implicaba traspasar ciertos límites que pudieran afectar sus intereses.

Así, por ejemplo, rehusó seguir participando en la estrategia de “contención” de China que cobró impulso desde principios de 2006, y confirmó la continuidad del Diálogo Estratégico entre ambos, acordado en septiembre de 2007.

Igualmente, para evitar que Beijing pensara que apoyaba la incorporación de India a su “contención”, como pretendía Washington, e hizo su predecesor, decidió no continuar alentando el ya referido diálogo cuadrilateral Australia- EE.UU.-Japón-India.

Por razones similares, dio marcha atrás a un acuerdo para suministrar uranio a la India concretado por su antecesor, que soslayó que este Estado no era signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear, con lo cual se apartaba de la posición tradicional de su país. Sin embargo, mantuvo uno análogo para proporcionar ese mineral a Beijing.

Las diferencias entre Washington y Canberra en torno a la actuación en política exterior respecto a Beijing no han sido tan evidentes desde que asumió el poder la actual Administración estadounidense. No obstante, Australia ha seguido alentando una línea de acción más moderada que la de su principal aliado, evitando innecesarias provocaciones a China, y es muy probable que evalúe cuidadosamente cualquier solicitud de este que pueda poner en riesgo sus relaciones con el gigante asiático.

El Gobierno de Obama no escapa a la influencia de poderosas fuerzas internas que alientan una política menos conciliatoria que la que proclama en relación con China, Estado al que sigue juzgando como su principal competidor estratégico.

Decisiones adoptadas este año, que provocaron violentas reacciones de Beijing lo demuestran. Entre ellas, la venta de armas a Taiwán por valor de 6 400 millones de dólares, y el recibimiento por Obama, el pasado 18 de febrero, del Dalai Lama, líder espiritual del Tíbet, que permanece en el exilio desde una sublevación fallida contra las autoridades chinas en 1959, y que estas consideran un separatista y un traidor.[1]

Pero no debe movernos a engaño que la Administración Rudd haya sido menos incondicional a Washington que su predecesora, y pensar que por ello subestimaba la trascendencia de su alianza con este o que la misma se hubiera debilitado

Las tropas australianas permanecen en Afganistán, decisión que ratificó Julia Gillard al convertirse en Primera Ministra, a pesar de la creciente oposición de la población del país. Más recientemente, la confirmó Rudd, como Canciller del Gobierno formado tras las elecciones federales del 21 de agosto.

En cuanto a Beijjing, tampoco Australia se ha distanciado demasiado de las posiciones en política exterior de EE.UU. Su percepción acerca de la “amenaza” económica y militar de China[2] y la conciencia de la desproporción entre sus fuerzas y las de este Estado, poseen el potencial de contrarrestar, en alguna medida, los efectos de la ampliación de sus vínculos comerciales en la adopción de una política más “moderada” que la de Washington respecto al mismo, y puede convertirse en una eventual fuente de contradicciones entre ellos.

Como resultado, sus relaciones políticas no están exentas de fricciones, algunas de ellas vinculadas con las consideraciones de Canberra sobre la existencia de violaciones de los derechos humanos en el Tíbet, con lo cual sigue secundando a EE.UU. en su campaña de descrédito del Gobierno chino.

Asimismo, Australia reconoce la soberanía del gigante asiático sobre sus provincias occidentales, pero concedió visa para que la líder del Congreso Mundial Uigur, Rebiya Kadeer, asistiera a la proyección de un documental sobre su vida en el Festival Internacional de Cine de Melbourne, lo cual motivó la enérgica protesta del Gobierno chino, que la responsabiliza con los incidentes de julio de 2009 en la región autónoma de Xinjiang, que causaron más de cien muertos.

Por otra parte, la participación australiana en la conspiración liderada por Washington para satanizar a los Gobiernos de la República Popular Democrática de Corea (RPDC)  y la República Islámica de Irán, y en la reciente escalada agresiva contra los mismos, corrobora también la trascendencia que la alianza con EE.UU. tuvo para el Gobierno de Rudd y mantiene para el de Julia Gillard.

Australia cuenta con un sistema de regulaciones cuidadosamente diseñado para poner en vigor las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyo incumplimiento puede conllevar penas muy severas.

Pero, específicamente en la ejecución de las medidas aprobadas por este órgano a instancias de Washington contra la RPDC e Irán, ha demostrado un celo encomiable. Además, ha puesto en práctica otras sanciones contra ellos —desde 2006 las de Corea del Norte y a partir de octubre de 2008 las de Irán—, que actualiza sistemáticamente.

En el caso de Irán, el secretario de Estado asistente estadounidense para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, Kurt Campbell, reconoció el 8 de mayo de 2010, según The Australian, que Australia había sido clave en la campaña diplomática para convencer a otros de lo “inaceptable” de las acciones iraníes y de la importancia de una respuesta internacional concertada.

El diario australiano se refirió entonces a la posibilidad de que Washington pidiera cooperación a Canberra en una estrategia para presionar a Irán que fuera más allá de las sanciones del Consejo de Seguridad, a fin de lograr que renunciara a lo que llamó “sus ambiciones de desarrollar armas nucleares”.

Como respuesta a tal solicitud, o buscando hacer méritos a los ojos de su principal aliado, el pasado 10 de junio, Stephen Smith, en ese momento Canciller australiano declaró que su país se comprometía no solo a aplicar en el plazo más breve posible la cuarta ronda de sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad mediante su Resolución 1929, del día anterior, sino que estaba listo para adoptar medidas más duras, incluyendo otras autónomas adicionales.

El 15 de junio, Smith anunció efectivamente que se impondrían sanciones a dos entidades y un individuo, por ayudar a Irán a violar las resoluciones 1737 (diciembre de 2006), 1747 (marzo de 2007),  y 1803 (marzo de 2008), del Consejo de Seguridad.

Afirmó igualmente, que estas  medidas —que elevaban a 21 los individuos y a 20 las organizaciones sujetas al régimen autónomo de sanciones contra Irán—, combinadas con el riguroso cumplimiento de las resoluciones del  Consejo de Seguridad, ponían a Australia a la vanguardia de los países que presionaban a la República Islámica para detener su programa nuclear.

Para ello, Canberra incluso ha invocado varias veces la Weapons of Mass Destruction (Prevention of Proliferation) Act, de 1995 —un instrumento legal raras veces usado, que otorga poderes especiales al Ministro de Defensa para prevenir la proliferación de las armas de destrucción masiva—, lo que según el ex primer ministro Rudd, se correspondía con la obligación de su Gobierno de actuar como sujeto internacional responsable.

Llama poderosamente la atención que el Gobierno australiano no haya actuado con igual “responsabilidad internacional” en relación con Israel, que no ha firmado, a diferencia de Irán, el Tratado de No Proliferación Nuclear, y que subrepticiamente y con el beneplácito de EE.UU. y el resto de las potencias occidentales, y cuanto menos con el silencio cómplice de Australia, es hoy una de las principales potencias nucleares, un hecho que han sido muy cuidadosos en no reconocer oficialmente.

Es difícil además, conciliar la imagen de Canberra como “sujeto internacional responsable” y su posición en la Asamblea General de las Naciones Unidas ante los crímenes del Estado sionista contra la población palestina en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, opuesta a la de la abrumadora mayoría de la comunidad internacional, con excepción de EE.UU. y algún otro de sus satélites.

En otro orden de cosas, Australia, que tan activamente ha participado en la “guerra contra el terrorismo”, no ha condenado jamás los asesinatos selectivos de líderes y activistas palestinos, particularmente de Hamas, organizados por los servicios de inteligencia israelíes. Tampoco ha aprobado sanción alguna por tales acciones, que no pueden considerarse, como pretende Israel, realizadas en defensa propia, sino que califican como actos de terrorismo de Estado.

Sí reaccionó cuando se hizo público, en marzo de 2010, que para perpetrar el asesinato del dirigente de Hamas Mahmoud al-Mabhouh en enero pasado, en Dubái, agentes del Mossad utilizaron pasaportes australianos falsificados. Pero la respuesta no la provocaron los hechos en sí mismos, sino considerar que el procedimiento para ejecutarlos no se correspondía con el modo de actuar de un amigo.

De cualquier forma, a lo más que se llegó fue a la expulsión, reportada por la edición digital del periódico Haaretz, del representante del Mossad en la Embajada israelí en el país.

Canberra también se abstuvo en la votación en la Asamblea General de la ONU de una resolución que demandaba que se investigaran posibles crímenes de guerra cometidos cuando Israel invadió Gaza en diciembre de 2008, modificando así su tradicional postura de votar con EE.UU. para mostrar todo el apoyo posible al Estado sionista.

El entonces Canciller australiano declaró que la abstención no tenía relación con el escándalo de los pasaportes falsos, pero una fuente del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio dijo al The Sidney Morning Herald que debía entenderse como una clara señal para Israel de que no diera por sentado el apoyo de Australia.

A diferencia de su posición ante los asesinatos selectivos israelíes, el ex primer ministro Kevin Rudd fue uno de los primeros líderes mundiales en condenar a la RPDC por el hundimiento, en marzo de 2010, de la corbeta sudcoreana Cheonan.

Curiosamente, especialistas navales australianos integraron el Joint Investigation Group, que reportó el hallazgo de evidencias terminantes de que el Cheonan fue impactado por un torpedo de fabricación norcoreana. Esta conclusión, reiteradamente negada por el Gobierno de la RPDC, en realidad desafía toda lógica, si se valora la posibilidad real de que un submarino norcoreano de factura soviética, fabricado hace más de medio siglo, pudiera hundir al buque insignia de la Marina de Corea del Sur, un cazasubmarinos dotado de la más moderna tecnología.

El incidente fue, sin dudas, un nuevo pretexto para endurecer aun más las presiones de EE.UU. y sus aliados contra Corea del Norte. En el caso de Australia, el actual sistema de medidas para llevarlas adelante, es ya de por sí extraordinariamente abarcador, e incluye un amplio abanico de regulaciones para poner en vigor las resoluciones 1718 (2006) y 1874 (2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como un régimen autónomo de sanciones.

Este régimen comprende restricciones financieras específicas implementadas por el Reserve Bank of Australia contra compañías e individuos vinculados al programa nuclear de la RPDC o a otros de desarrollo de armas de destrucción masiva, la prohibición a los ciudadanos de Corea del Norte de obtener visa para viajar a Australia, y a los buques con bandera de ese país de acceder a puertos australianos.

Habría que ver si el Gobierno australiano formado a duras penas tras las últimas elecciones federales introduce algún cambio en la proyección del país en política exterior. Es poco probable que si hay alguno, sea significativo, mucho menos en lo tocante a la tradicional posición de Canberra respecto a Corea del Norte, Irán e Israel.

Sin importar que estén en el poder laboristas o conservadores, la lealtad de Australia a EE.UU. está garantizada, y los amigos de su principal aliado no dejarán de ser sus amigos, y los “enemigos” de este seguirán siendo, a su vez, sus “enemigos”.

[2] Sobre la percepción de Australia acerca de la “amenaza” militar y económica china, ver el artículo del autor: Australia-EE.UU: A casi 60 años de una alianza entre imperios.

Usted puede acceder a una versión ampliada de este artículo en:

• Australia en el siglo XXI: una lealtad a EE.UU. a toda prueba (I)
• Australia en el siglo XXI: una lealtad a EE.UU. a toda prueba (II)
• Australia en el siglo XXI: una lealtad a EE.UU. a toda prueba (III y final)

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